El Sahara Occidental fue colonia española de facto desde 1934 hasta 1976, cuando Marruecos lo invadió mediante la Marcha Verde; que se trataba de población marroquí a la que se le había prometido tierras en el sur, pero en realidad llevaba implícita una invasión marroquí para colonizar la zona y expropiar sus recursos naturales. España se había comprometido para entonces a iniciar la descolonización con el fin de convocar un referendum para su independencia, pero la Marcha Verde cogió a España en un delicado momento, con Franco agonizando, y optó por abandonar el territorio en febrero de 1976. Con los Pactos de Madrid, España traicionó la voluntad de los saharauis dejándola en manos de Mauritania y Marruecos. Al mismo tiempo el Frente Polisario (Frente por la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro), que se había convertido en el movimiento legítimo de liberación saharaui, proclamó la RASD y emprendió una guerra contra sus invasores (Marruecos y Mauritania). En 1979, Mauritania retiró sus pretensiones de soberanía sobre el territorio, derrotada y agotada económicamente.
La guerra continuó hasta 1991, cuando las partes firmaron un alto el fuego auspiciado por NNUU, que se responsabilizó de encontrar una salida pacífica al conflicto y estableció la Misión para el Referendum en el Sahara Occidental (MINURSO). Se inició la identificación de las y los votantes potenciales y se puso fecha para realizar la consulta, pero la convocatoria se ha ido retrasando por las constantes trabas puestas por Marruecos en la identificación comentada, por diferencias en la concertación del censo y apelaciones a cada paso que se daba. Por tanto, la consulta nunca se ha realizado. Desde el principio del conflicto la monarquía alauita ha inyectado miles y miles de colonos con el fin de incluirlos como votantes en el referéndum pero la identificación no les ha favorecido.
Para NNUU el territorio sigue estando pendiente de descolonización y la soberanía marroquí sobre éste no se ha reconocido. El Tribunal Internacional de la Haya también se pronunció al respecto del conflicto concluyendo que “no existe ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sahara Occidental y el reino de Marruecos". La RASD está reconocida por la Unión Africana y por unos 80 países, la mayor parte de ellos africanos y latinoamericanos; pero no lo está por NNUU (mientras no se celebre el referéndum), ni por la liga Árabe, ni ningún país europeo, ni ningún miembro permanente del Consejo de Seguridad de NNUU.
Los diferentes gobiernos de la España democrática se han alineado junto a la ONU para resolver el conflicto del Sahara Occidental, pero sin ofrecer soluciones claras ni tener una posición firme de defensa del pueblo saharaui.
Por eso instamos al gobierno español a que asuma sus responsabilidades, y a que ponga los medios necesarios para que se realice el referendum, como la mejor y más justa expresión legal para ejercer el derecho a la libre determinación de los pueblos que no han completado su proceso de descolonización, y de esta forma el pueblo saharaui pueda elegir su propio destino.
